Nuevo amparo contra la instalación de Monsanto

Un grupo de vecinos de Malvinas Argentinas denunciaron que la Provincia habría violado una ley provincial al autorizar la construcción de la planta. Sigue el bloqueo al predio.
Siete mujeres y un hombre de Malvinas Argentinas, junto con la Fundación Club de Derecho, presentaron ayer un recurso de amparo para pedir que se anulen las autorizaciones otorgadas a Monsanto para construir una planta de semillas de maíz.
En tanto, desde el 18 de septiembre pasado, vecinos de Malvinas y organizaciones sociales y políticas mantienen bloqueado el ingreso de camiones al predio donde se construye la semillera, en la ruta A88, 15 kilómetros al este de la Capital.
Los nuevos amparistas formularon la presentación en nombre de sus hijos. Aducen que la Secretaría de Ambiente de la Provincia no cumplió con la ley provincial N° 8.789 al conformar la comisión técnica que evaluó el aviso de proyecto de Monsanto, según explicó el abogado Lucas Gilardone.
Sostienen que esa comisión estuvo integrada sólo por cuatro personas dependientes de Ambiente, mientras que la ley dispone que debe conformarse con representantes de otros ministerios, organismos dependientes del Ejecutivo provincial y de entes descentralizados.
Por el mismo hecho, el pasado 10 de octubre, el biólogo Raúl Montenegro realizó una denuncia penal contra el secretario de Ambiente, Luis Federico Bocco, y su antecesor, Raúl Costa.
Al ser consultado por este diario ayer, Bocco dijo que no quiere hacer declaraciones sobre el tema porque está judicializado. Por el mismo motivo, el secretario no recibió el miércoles a un grupo de vecinos de Malvinas que se presentaron en su dependencia. Días atrás, el ministro de Agua, Ambiente y Energía, Manuel Calvo, negó que haya habido irregularidades en las autorizaciones, pero no dio más precisiones.
La denuncia hecha por Montenegro, presidente de la Fundación en Defensa del Medio Ambiente (Funam), está ahora en manos del fiscal anticorrupción Gustavo Hidalgo, mientras que el amparo de ayer, está en el Juzgado de Control N° 4.

Análisis jurídico
En diálogo con este diario, el martes último, el fiscal Hidalgo explicó que está realizando un análisis jurídico sobre las leyes que rigen el funcionamiento de la secretaría de Ambiente y ?que todavía no llegó a un conclusión.
Los denunciantes, tanto los vecinos de Malvinas como Montenegro, sostienen que está vigente la ley N° 8.789, del año 1999, que contiene el Estatuto de la Agencia Córdoba Ambiente. Esa norma, en su artículo 14, dispone cómo debe estar conformada la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI) que evalúa los proyectos.
En 2004, mediante la ley N° 9.156 se creó un nuevo estatuto que no contiene la CTI, según figura en el anexo de esa norma disponible en el sitio web de la Legislatura. Pero en 2007, mediante la ley N° 9.454, se disolvió la agencia formada con el estatuto de 2004 y se creó, mediante el decreto N° 2.174, la Secretaría de Ambiente.
En ese contexto, para los abogados del Club de Derecho, el estatuto original de 1999 está vigente y la Secretaría violó la ley al no conformar la comisión según esa norma.
El abogado Gilardone explicó, además, que al denunciar los padres en representación de los hijos, deberá intervenir un defensor de menores del Ministerio Público.

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