Juez de Salta frena desmontes y loteos

 

Un juez prohibió que el municipio de San Lorenzo continúe con desmontes y loteos
El juzgado en lo Civil y Comercial en 10° Nominación, dio favorable un recurso de amparo ambiental interpuesto por la Asociación Civil Yungas y ordenó al municipio de San Lorenzo, a Guillermo Fleming y a su esposa y a Néstor Cervera, detengan los desmontes y todo desarrollo inmobiliario en dos catastros ubicados en la zona oeste del municipio.
Ambos catastros se ubican en suelos de categoría II de acuerdo a la categorización predial de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, o sea que son bosques que tienen alto y mediano valor de conservación que se encuentran en zona amarilla. Además, San Lorenzo es zona de muchas precipitaciones, lo que provoca deslizamiento del terreno.
El desarrollo inmobiliario inició en el 2012 y por acciones interpuestas por los vecinos, las obras se paralizaron. Sin embargo a mediados de este año, el intendente Federico Parra, autorizó que se continúe con el desmonte y los loteos sin el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) aprobado, ni el certificado de aptitud ambiental,  que establecen las leyes 25.675, 7070 y 7543.
“La idea del recurso de amparo es preservar el patrimonio ambiental de San Lorenzo y zonas aledañas.  Hay mucha presión inmobiliaria y mucha ineficacia por parte del municipio.  Además no hay normas claras en San Lorenzo”, sostuvo Nicolás Salazar, apoderado de la Asociación Yungas y vecino del lugar.
“Ellos juegan con la gente, venden los lotes por debajo del valor de mercado a través de inmobiliarias y por anuncios.  Fleming y Cervera son responsables de La Almudena, en donde ahora tienen problemas de agua y cloacas, muy serios.  Están vendiéndole a la gente un buzón, porque es una zona que tiene precipitaciones extraordinarias y no hay garantías de que si se saca toda la base vegetal no se vaya a venir todo abajo, están armando una especie de “favela vip”. Los loteos no son sustentables por las pendientes, por las precipitaciones y no hay justificación de una necesidad real de desmonte. Si hay una presión inmobiliaria importante”, recalcó Salazar.
El apoderado explicó que en el 2012  los vecinos hicieron varias presentaciones para frenar el desmonte. “Buscamos proteger el derecho de terceros, para que la gente que compre ahí no se vea estafada, como pasó en Almudena. El  riesgo de deslizamiento es real, si construimos en la ladera del cerro, se afecta a los que viven más abajo y al ambiente”, agregó.
Salazar explicó que en este caso particular el Estudio de Impacto Ambiental, debe hacerlo la provincia y el certificado de aptitud ambiental, el municipio.

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